El Papa Francisco ha emanado hoy un Motu Proprio (documento de su propia iniciativa y autoridad; contiene la promulgación de una ley particular que modifica y perfecciona la Constitución Apostólica) sobre las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia penal. Con este Motu Proprio del Papa, queda abolida la cadena perpetua, se introducen nuevas figuras criminales relativas a delitos contra la humanidad y, sobre todo, se agravan las penas para los casos relacionados con abusos de menores y blanqueo de capitales. Esta intervención tiende a actualizar el sistema normativo vaticano, en la línea iniciada por Benedicto XVI.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha emitido el siguiente comunicado concerniente al Motu Proprio del Papa Francisco:
“El Santo Padre Francisco -dice el texto- ha emanado con fecha de hoy un Motu Proprio en materia penal. En la misma fecha la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha aprobado las siguientes leyes: la ley num. VIII, titulada "Reglas complementarias en materia penal"; la ley num. IX, titulada "Enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal"; la ley num. X sobre " Normas generales en tema de sanciones administrativas".
El Motu Proprio tiene como objetivo extender la aplicación de las leyes penales aprobadas por la Pontificia Comisión para la Ciudad del Vaticano también al ámbito de la Santa Sede. Las leyes penales adoptadas hoy prosiguen la adecuación del ordenamiento jurídico vaticano en continuidad con las acciones emprendidas a partir de 2010 durante el pontificado del Papa Benedicto XVI.
Las mismas leyes tienen también contenidos más amplios, proveyendo a la actuación de múltiples convenciones internacionales, entre las que podemos recordar: las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 contra los crímenes de guerra; la Convención Internacional de 1965 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención de 1984 contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención de 1989 sobre los derechos del niño y sus protocolos Facultativos de 2000.
En este ámbito hay que señalar la introducción del delito de tortura y la amplia definición de la categoría de delitos contra los menores (entre los que hay que señalar: la venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra ellos; la pornografía infantil, la posesión de material pornográfico infantil; los actos sexuales con menores de edad).
También se han introducido figuras delictivas concernientes a los delitos contra la humanidad, a los que se dedica un capítulo aparte: se prevé, entre otras cosas, el castigo específico de delitos como el genocidio y el apartheid, en el sentido de lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998; también se ha revisado el capítulo de los delitos contra la administración pública, en relación con la Convención de las Naciones Unidas de 2003 contra la corrupción. Desde el punto de vista de las sanciones, además, se ha decidido abolir la pena de cadena perpetua, reemplazándola con la pena de reclusión de 30 a 35 años.
De acuerdo con las últimas directrices en el ámbito internacional también se ha introducido un sistema de sanciones de las personas jurídicas, en todos los casos en que se beneficien de actividades delictivas cometidas por sus órganos o empleados, estableciendo una responsabilidad directa con sanciones de interdicción y multas.
Por cuanto respecta a las disposiciones de procedimiento penal se han introducido los principios generales del proceso justo en un plazo razonable y de la presunción de inocencia de los acusados, y se han reforzado los poderes cautelares a disposición de la autoridad judicial (con la actualización de la disciplina de confiscación, potenciada por la introducción de la medida del bloqueo preventivo de los bienes).
Un sector muy importante de la reforma atañe a la reformulación de la normativa concerniente a la cooperación judicial internacional, bastante obsoleta, con la adopción de medidas de cooperación apropiadas a las convenciones internacionales más recientes.
La ley en materia de sanciones administrativas tiene carácter de normativa general, al servicio de disciplinas particulares que, en las distintas materias, proveerán a sanciones destinadas a promover la eficacia y el respeto de las normas que protegen los intereses públicos.
En conjunto -concluye el comunicado- estas intervenciones reguladoras se colocan en la dirección de una actualización más sistemática y completa del sistema normativo vaticano”.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha emitido el siguiente comunicado concerniente al Motu Proprio del Papa Francisco:
“El Santo Padre Francisco -dice el texto- ha emanado con fecha de hoy un Motu Proprio en materia penal. En la misma fecha la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha aprobado las siguientes leyes: la ley num. VIII, titulada "Reglas complementarias en materia penal"; la ley num. IX, titulada "Enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal"; la ley num. X sobre " Normas generales en tema de sanciones administrativas".
El Motu Proprio tiene como objetivo extender la aplicación de las leyes penales aprobadas por la Pontificia Comisión para la Ciudad del Vaticano también al ámbito de la Santa Sede. Las leyes penales adoptadas hoy prosiguen la adecuación del ordenamiento jurídico vaticano en continuidad con las acciones emprendidas a partir de 2010 durante el pontificado del Papa Benedicto XVI.
Las mismas leyes tienen también contenidos más amplios, proveyendo a la actuación de múltiples convenciones internacionales, entre las que podemos recordar: las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 contra los crímenes de guerra; la Convención Internacional de 1965 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención de 1984 contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención de 1989 sobre los derechos del niño y sus protocolos Facultativos de 2000.
En este ámbito hay que señalar la introducción del delito de tortura y la amplia definición de la categoría de delitos contra los menores (entre los que hay que señalar: la venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra ellos; la pornografía infantil, la posesión de material pornográfico infantil; los actos sexuales con menores de edad).
También se han introducido figuras delictivas concernientes a los delitos contra la humanidad, a los que se dedica un capítulo aparte: se prevé, entre otras cosas, el castigo específico de delitos como el genocidio y el apartheid, en el sentido de lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998; también se ha revisado el capítulo de los delitos contra la administración pública, en relación con la Convención de las Naciones Unidas de 2003 contra la corrupción. Desde el punto de vista de las sanciones, además, se ha decidido abolir la pena de cadena perpetua, reemplazándola con la pena de reclusión de 30 a 35 años.
De acuerdo con las últimas directrices en el ámbito internacional también se ha introducido un sistema de sanciones de las personas jurídicas, en todos los casos en que se beneficien de actividades delictivas cometidas por sus órganos o empleados, estableciendo una responsabilidad directa con sanciones de interdicción y multas.
Por cuanto respecta a las disposiciones de procedimiento penal se han introducido los principios generales del proceso justo en un plazo razonable y de la presunción de inocencia de los acusados, y se han reforzado los poderes cautelares a disposición de la autoridad judicial (con la actualización de la disciplina de confiscación, potenciada por la introducción de la medida del bloqueo preventivo de los bienes).
Un sector muy importante de la reforma atañe a la reformulación de la normativa concerniente a la cooperación judicial internacional, bastante obsoleta, con la adopción de medidas de cooperación apropiadas a las convenciones internacionales más recientes.
La ley en materia de sanciones administrativas tiene carácter de normativa general, al servicio de disciplinas particulares que, en las distintas materias, proveerán a sanciones destinadas a promover la eficacia y el respeto de las normas que protegen los intereses públicos.
En conjunto -concluye el comunicado- estas intervenciones reguladoras se colocan en la dirección de una actualización más sistemática y completa del sistema normativo vaticano”.
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